El Consejo de Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, en reunión extraordinaria y de emergencia, manifiesta su rechazo ante lo que considera una arremetida oficial contra la libertad de expresión en Venezuela, a través de acciones que afectan de forma directa a gran parte de la población del país.
El cierre de 34 emisoras, como previo de un total de 240, anunciado por el director de Conatel y ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda, en la noche del viernes 31 de julio, le resta oportunidades a la ciudadanía de tener acceso a informaciones, de transmitir sus quejas, reclamos e inquietudes, y de expresar su opinión de forma libre y crítica frente a la actuación de las autoridades, en el medio de su preferencia.
Manifestamos nuestro repudio categórico a que los procedimientos administrativos seguidos contra las emisoras clausuradas, se hayan ejecutado sin respetar el derecho a la defensa y al debido proceso de los titulares de las concesiones de tales medios de comunicación
El cierre intempestivo y masivo de emisoras de radio, luego de que las mismas han venido funcionando y transmitiendo a lo largo del tiempo, con el conocimiento y reconocimiento de la propia autoridad, hace presumir una intención de ejercer una conducta de censura indirecta contra medios que se han manifestado en desacuerdo con las posturas oficialistas. La excusa es la aplicación de un procedimiento administrativo, lo que deja entrever una clara desviación de poder como cortapisa de las libertades de expresión e información, el pluralismo comunicacional y el libre flujo de información e ideas en nuestra sociedad.
Este hecho revela una estrategia general de medidas administrativas, legales, impositivas del gobierno nacional para criminalizar y coartar la libertad de expresión, de manera tal que se produzca un silencio global a la crítica de la gestión del gobierno. Con este entramado legal se deja desvalida a la población venezolana ante la acción de las autoridades públicas, con lo que queda abierta la posibilidad de que se avalen el abuso, la corrupción y la ineficacia, y se le reste poder al pueblo en su función contralora de la gestión gubernamental.
La experiencia reciente del país con respecto a la reasignación de concesiones ha demostrado el contundente fracaso de la pretendida democratización del espectro radioeléctrico, pues se sustituyen canales efectivos de comunicación por otros que dejan mucho que desear por la falta de calidad técnica y por la sustitución de contenidos propios por otros importados, lo cual ha sido rechazado por los venezolanos con la baja sintonía.
Sorprende la propuesta de la Fiscal General de la República ante la Asamblea Nacional de presentar un proyecto de ley contra los delitos mediáticos, que de materializarse, acabaría con el ejercicio del periodismo, en tanto que penaliza por acción y omisión. Es decir, implicaría una autocensura no sólo para los dueños de medios y periodistas, sino para las fuentes generadoras de noticias, incluyendo a la gente de las comunidades que no podría expresar los problemas que le aquejan. Preocupa igualmente la criminalización constante contra la libertad de expresión en el sentido de descalificar a los medios de comunicación, a los periodistas, trabajadores y a las universidades que forman profesionales del área.
El Proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos no es sino un intento político de darle un marco legal a la censura previa en el ejercicio del periodismo en Venezuela, y peor aún, convierte en delito el pensamiento y su expresión. En dicho anteproyecto se establecen delitos que tipifican conductas ambiguas y generalistas, que pueden dar pie a cualquier interpretación a los fines de justificar la aplicación de penas privativas de libertad. Como catedráticos rechazamos la acuñación de este término, que no tiene ningún fundamento teórico. Basado en una serie de ambigüedades, que les deja a la discreción de un funcionario, lo que es o no una infracción de la ley, este proyecto no sólo condena lo que se dice, sino lo que se deja de decir, lo que representaría un instrumento perfecto para acallar la disidencia, limitar el periodismo libre y crítico, y convertirlo en un vocero del gobierno.
La artillería legal avanza en este sentido con los proyectos de reforma de la Ley del Ejercicio de Periodismo y de la de Educación, los proyectos de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, y de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, que responden más que a una pretendida democratización de los medios de comunicación social, al establecimiento de una “hegemonía comunicacional”, es decir, una dictadura mediática, orquestada por el Poder Ejecutivo.
Evidentemente, existe la intención estratégica de desviar la atención de la ciudadanía acerca de los graves problemas que afectan al país, relacionados con la inseguridad, conflictividad laboral, alto costo de la vida, desempleo, niveles de corrupción en los entes públicos, desabastecimiento agroalimentario, carrera armamentista e intervencionismo internacional entre otros.
Adicionalmente, el referido anteproyecto de ley y otros vinculados con la libertad de expresión e información, están repletos de conceptos jurídicos imprecisos que no se encuentran previstos dentro de las restricciones y los límites contemplados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Lo que está en juego es la libertad de expresión e información como derechos consagrados en los artículos 57 y 58 de la constitución venezolana, también peligra la libertad de la audiencia para elegir la información y el momento adecuado para acceder a ella. La libertad de expresión e información es un derecho de doble vía que conlleva deberes por parte del Estado y de la población. La Ley de Procesos Electorales no reconoce la existencia de las minorías y con las leyes antes referidas la voz de estas minorías ni siquiera tendrá espacio en los medios de comunicación social, desarticulando los principios fundamentales del sistema democrático consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Con acciones como las descritas se cierra definitivamente el capítulo democrático de Venezuela.
